No aguantamos más. Quienes vivimos en las comunas de la Región Metropolitana que no pertenecen a la provincia de Santiago, San Bernardo o Puente Alto simplemente parece que fuéramos ciudadanos de segunda clase. A pesar de vivir a una hora del centro económico y político del país, el sistema de transportes de nuestras ciudades es tierra de nadie: nadie hace nada y nadie dice nada.
Cada día los usuarios debemos aceptar demoras en los servicios, micros que no paran, escolares cuyos pases no son aceptados, vueltos que no se dan, gritos, liebres llenas de pasajeros de pie viajando por una carretera de alta velocidad y extrañas alzas de precio que coinciden en fecha y monto en distintas empresas que prestan igual recorrido.
¿La causa de todo esto? Mala regulación. Así de simple: nadie le ha puesto el cascabel al gato y las empresas que prestan servicios en Talagante, Melipilla, Isla de Maipo, Peñaflor, El Monte, Buin, Colina, no tienen ninguna exigencia mayor por parte de la autoridad de transporte en cuanto a la fijación de sus tarifas, frecuencias mínimas o calidad de servicio.
Simplemente se ha dejado todo en manos de la cada vez más fracasada “autorregulación” y los resultados están a la vista: nuestras comunas se empobrecen cada día más. Las provincias del Maipo, Talagante y Cordillera (donde se encuentran diez de las 18 comunas con servicios de transporte de pasajeros no regulados en la Región Metropolitana) cuentan con los promedios de pobreza más altos de la Región Metropolitana, con 14,1%, 14% y 13,5% de la personas en situación de pobreza respectivamente, de acuerdo con datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2009.
Y a la autoridad parece no importarle este tema. En el contexto de una solicitud de información hecha al Ministerio de Transportes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, obtuvimos como respuesta el Memorándum 005 del 04 de enero de 2012 del secretario regional ministerial de Transportes de la Región Metropolitana, Sergio Stephan, dirigido a la subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, donde reconoce esta falta de normativa, aunque no como un problema.
Dice el funcionario: “Respecto de la existencia de normativa que regula frecuencia de los servicios rurales y rurales periféricos (como se clasifica a todos los servicios que no sean de la provincia de Santiago o las comunas de San Bernardo y Puente Alto) puedo señalar a usted que dichos servicios en la Región Metropolitana no están sujetos al cumplimiento de frecuencia”.
¿La razón? “En virtud del artículo 12 del DS 212/92, sólo los servicios urbanos de locomoción colectiva deben ofrecer las frecuencias mínimas que en la misma norma se establecen, sin perjuicio que respecto de los servicios rurales se faculte a los secretarios regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones para que en determinados casos pueda establecer frecuencias máximas y mínimas en las condiciones definidas en el artículo 12 bis, del mismo cuerpo normativo, facultad que en todo caso no ha sido ejercida por el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana”, explica la nota.
¿Los efectos de todo esto? Micros abarrotadas de gente cada tarde entre 19:00 y 22:00, a pesar de que los andenes del lado están vacíos y la gente espera en filas interminables en el Terminal San Borja. Esto hace que las personas deban destinar cada día entre tres y cuatro horas sólo a movilizarse entre su casa y sus lugares de estudio y trabajo.
Lo peor de todo es que nadie sabe nada sobre cuánto ganan estos empresarios, porque tampoco la autoridad cuenta con esta información o tiene injerencia en esta materia. En el mismo Memorándum 005, Stephan agrega que “de acuerdo al artículo 8, letra D del DS 212/92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los servicios rurales sólo tienen la exigencia de informar a la seremi de Transportes y Telecomunicaciones la respectiva la tarifa a cobrar por el servicio, sin que exista un mecanismo de cálculo para fijar o reajustar el pasaje de estos servicios”.
Así, no se sabe si estos empresarios (Flota Talagante, Bupesa y otros) están obteniendo ganancias más allá de las normales a costa de tomar por los pies a los consumidores, cobrándoles precios que no se condicen con el mediocre servicio que están prestando. Urge, por lo tanto, licitar estos servicios no sólo para fijar un polinomio de cálculo de los pasajes sino para normar ex ante los recorridos, establecer frecuencias mínimas, eliminar las asimetrías de información y hacer que se acabe de una vez el monopolio del transporte en estas zonas que hace rato han visto estancado su desarrollo por estas mañosas prácticas